El crimen organizado transnacional ocupa un lugar diferente en la agenda de Trump. El rol de Sudamérica.
La decisión ejecutiva de Donald Trump de la semana pasada no es un episodio aislado, sino un movimiento que redefine la doctrina de seguridad regional. El narcotráfico deja de ser un delito a combatir para convertirse, en la visión de Washington, en una amenaza militar transnacional en la que el Presidente estadounidense ordenó que deben intervenir las fuerzas armadas.
Ese cambio de categoría implica consecuencias: los cárteles son interpretados como estructuras paramilitares con lógicas híbridas, y esa caracterización habilita la intervención directa de las Fuerzas Armadas estadounidenses contra sus objetivos.
La frontera sur de Estados Unidos ya no se concibe como un perímetro de control migratorio o aduanero, sino como una zona de combate. El objetivo deja ser la interceptación de cargamentos o el control de cruces fronterizos únicamente, sino evitar que se consoliden enclaves criminales con poder de fuego, disciplina táctica y acceso a tecnología de última generación. En ese marco, Trump ordenó operaciones ofensivas contra el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, advirtiendo que sus centros de gravedad ya no están únicamente en México.
La proyección se extiende al sur. En la Triple Frontera, las organizaciones criminales han evolucionado hacia formatos más sofisticados, combinando tráfico de drogas, contrabando, lavado de activos y conexiones con estructuras ideológicas como Hezbollah. Según documentos recientes se describe una escalada en la capacidad operativa de estos grupos, que ya no se limita a la economía ilegal sino que incorpora entrenamiento, logística y alianzas externas. La semana pasada advertimos sobre la infiltración de integrantes de organizaciones criminales en los grupos de lucha en Ucrania solo a los efectos de adquirir entrenamiento militar en el uso, por ejemplo, de los drones.
El caso venezolano funciona como advertencia. Nicolás Maduro, con una recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado norteamericano, es señalado como líder del Cártel de los Soles. Un dispositivo que mezcla control estatal y operaciones de narcotráfico global. Su socio político, Diosdado Cabello, ha articulado vínculos con el Tren de Aragua, una red criminal presente en Colombia, Perú, Chile y la propia Argentina. Para la inteligencia estadounidense, Venezuela es un narco-Estado. Sin embargo, en buena parte de Sudamérica el problema se aborda como una cuestión diplomática, cuando no se elude directamente por cuestiones de afinidad ideológica.
La paradoja es evidente. Estas organizaciones ya no son marginales. Su capacidad de infiltración institucional, su dominio territorial en zonas periféricas y su acceso a armamento —como drones FPV artillados— las coloca en un plano comparable al de fuerzas regulares. No solo corrompen ni reclutan “soldaditos” en barrios vulnerables. Planifican campañas —como la de jueces en México—, invierten en infraestructura, operan corredores transnacionales y aprovechan vacíos de soberanía con cobertura política, logística o ideológica.
La región, sin embargo, sigue atrapada en una negación operativa. Ni los gobiernos progresistas, más inclinados al enfoque garantista, ni los conservadores, más sensibles a la agenda de seguridad, han conseguido articular una doctrina común. El Mercosur, que podría ser una plataforma de coordinación, apenas emite comunicados.
Argentina —alineada estratégicamente con Estados Unidos— enfrenta sus propias restricciones. Las décadas de abandono presupuestario, formativo y doctrinario, tiene como consecuencia una capacidad pobre de respuesta ante estos eventos. El marco jurídico impide el despliegue interno de las Fuerzas Armadas, pero eso no impide que el crimen organizado transnacional opere en su territorio, especialmente en zonas grises como la frontera con Bolivia, donde confluyen redes de contrabando y actores vinculados al régimen iraní.
La pregunta no es si Sudamérica puede replicar el modelo Trump, sino qué margen de maniobra tendrá si decide seguir desoyendo una amenaza que crece en capacidad y articulación internacional
