Martín Llaryora y Daniel Passerini en la mira. El uso del poder para beneficiar a empresas familiares bajo la lupa.
Durante las gestiones del actual gobernador Martín Llaryora y del intendente de la ciudad de Córdoba Daniel Passerini, una serie de adjudicaciones de obras públicas vinculadas a plazas, espacios verdes y equipamiento urbano comenzó a despertar fuertes cuestionamientos. El eje de la polémica gira en torno a la intervención del subsecretario de integración regional de la ciudad capital, Alberto “Tucho” Ambrosio y la reiterada aparición de empresas vinculadas directamente a su entorno familiar como beneficiarias de contratos financiados con fondos públicos.
Según registros de licitaciones y adjudicaciones oficiales, las obras destinadas a equipamiento urbano y juegos infantiles recaen de manera recurrente en firmas asociadas a Guillermo Ambrosio, hijo del funcionario.
Estas empresas —Mundo Juegos SRL, Aires Equipamiento Urbano SRL y Ordenar Mobiliario Urbano SRL— aparecen compitiendo entre sí en los mismos procesos licitatorios, una dinámica que, lejos de garantizar competencia real, refuerza la sospecha de un esquema cerrado y reiterado.
La situación se vuelve aún más sensible cuando se observa que Aires Equipamiento Urbano SRL figura a nombre de Guillermo Ambrosio, Mundo Juegos SRL también vinculada al mismo, y Ordenar Mobiliario Urbano SRL asociada a Micaela Ambrosio, hija del subsecretario. Tres razones sociales distintas, un mismo apellido y un patrón que se repite en distintas obras públicas.
Mientras tanto, empresas del rubro provenientes de otras provincias se instalan en Córdoba con el objetivo de invertir, generar empleo, aportar innovación y ampliar la competencia. Sin embargo, denuncian que el mercado aparece cerrado de antemano, con adjudicaciones que se concentran sistemáticamente en el mismo núcleo empresarial.
Uno de los casos más recientes ocurrió en la licitación de Río Ceballos, donde un oferente afirma haberse presentado con mejores precios y condiciones técnicas, pero aun así quedó fuera del proceso. Según su testimonio, la adjudicación ya estaba direccionada a Mundo Juegos SRL, lo que refuerza las sospechas sobre un resultado previamente acordado.
La concentración de adjudicaciones, la escasa rotación de proveedores y la repetición de este modus operandi plantean interrogantes profundos sobre la transparencia del sistema, la competencia real y el impacto negativo en un desarrollo más equitativo del mercado. En un contexto de ajuste, crisis y demanda social por un uso responsable de los recursos públicos, estas prácticas —de confirmarse— representan algo más que una irregularidad administrativa: exponen una forma de hacer política donde el Estado y los intereses familiares se confunden peligrosamente.
La pregunta ya no es solo quién gana las licitaciones, sino si el sistema está diseñado para que siempre ganen los mismos. El escándalo recién comienza. Y promete más revelaciones.
SD
