La decisión del Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba de frenar una licitación millonaria para la compra de drones destinados a la Policía provincial abrió un nuevo frente de conflicto político e institucional. La operación, valuada en más de 7 millones de dólares, quedó bajo la lupa por presuntas irregularidades en el proceso y desató un duro cruce entre el organismo de control y el Gobierno provincial. Una vez más aparece el fantasma de los “trajes hechos a medida” para que ganen los amigos del poder. Algo similar a los que fuimos exponiendo en notas anteriores sobre las licitaciones del mobiliario urbano en la ciudad de Córdoba dirigidas a las empresas de “Tucho” Ambrosio, funcionario local y ex legislador.
El caso no solo expone tensiones internas dentro del Estado, sino que también reaviva un debate sensible: cómo se incorporan tecnologías de vigilancia al sistema de seguridad y bajo qué criterios de transparencia y control.
Una licitación bajo sospecha
El proyecto oficial contemplaba la puesta en marcha de un Sistema de Vigilancia Aérea No Tripulada, con drones de alta gama, software de análisis de imágenes, capacitación de personal y soporte técnico integral. Según la argumentación del Ejecutivo, se trataba de una herramienta clave para modernizar la prevención del delito, el control territorial y la seguridad en eventos masivos.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas decidió rechazar el expediente y bloquear el avance de la licitación, al detectar una serie de observaciones que, según el organismo, comprometían la competencia y la razonabilidad del proceso.
Entre los puntos más cuestionados aparecen: Un pliego con especificaciones técnicas extremadamente cerradas, que limitarían la participación de múltiples oferentes; La conformación de un renglón único, que obligaba a un solo proveedor a concentrar equipamiento, software y capacitación; Montos considerados elevados frente a valores de referencia del mercado tecnológico; La inclusión de software que, según los auditores, podría encontrarse bajo licencias de acceso abierto.
El rol del Tribunal y el límite al poder político
La intervención del Tribunal de Cuentas dejó al descubierto una disputa de fondo: hasta dónde puede llegar el control sobre decisiones estratégicas del Ejecutivo. Desde el organismo sostienen que su rol no es político, sino técnico y legal, y que su obligación es evitar contrataciones que puedan derivar en perjuicios económicos o falta de transparencia.
La resolución fue leída por algunos sectores como una señal de alerta frente a licitaciones diseñadas “a medida”, una práctica recurrentemente denunciada en distintos niveles del Estado argentino.
La respuesta del Gobierno provincial
Desde el Gobierno de Córdoba rechazaron las acusaciones y defendieron el proceso. Funcionarios del área de Seguridad sostuvieron que se trató de una licitación pública, con múltiples instancias administrativas y controles previos, y que el hecho de contar con un solo oferente no invalida el procedimiento.
Además, argumentaron que el diseño integral del sistema buscaba garantizar compatibilidad operativa, evitando la fragmentación de proveedores y posibles fallas técnicas en el funcionamiento conjunto del equipamiento.
La tensión escaló rápidamente y dejó expuesta una relación cada vez más tirante entre el Ejecutivo y los órganos de control.
Tecnología, seguridad y un debate más profundo
Más allá del expediente puntual, el caso instala una discusión de mayor alcance: ¿cómo se regula la incorporación de tecnologías sensibles como drones, análisis de datos y reconocimiento de imágenes en políticas de seguridad?
Especialistas advierten que este tipo de herramientas requiere no solo controles administrativos, sino también debates públicos sobre privacidad, uso de datos y límites del Estado en tareas de vigilancia.
Un conflicto abierto
Por ahora, la licitación permanece frenada y no se descarta que el Gobierno intente reformular el proceso, avanzar con recursos administrativos o incluso judicializar el conflicto. En paralelo, la oposición observa el caso como un ejemplo de las debilidades estructurales en los sistemas de compras públicas.
Mientras tanto, el escándalo suma un nuevo capítulo a una agenda provincial marcada por la desconfianza, la disputa de poder y la pregunta de fondo: quién controla a quienes deciden cómo y en qué se gasta el dinero del Estado.
